Por ESTÍBALIZ DE MIGUEL CALVO (*)
En general, los sistemas punitivos son clasistas, sexistas, racistas y xenófobos. Son clasistas ya que los delitos que se penalizan en las leyes, los que se persiguen por la policía y los que por los que encarcelan los jueces suelen ser los cometidos por los grupos más pobres y desfavorecidos socialmente. Existe una selección penal, policial y judicial hacia estos colectivos. Hoy en día, asistiendo a la visibilización de delitos de corrupción política y abusos de poder, no es difícil caer en la cuenta del doble rasero con que se juzgan las conductas en nuestra sociedad.
Son sexistas porque están concebidos para reaccionar ante delitos cometidos por hombres. El delito reafirma la masculinidad porque está relacionado con la acción, la agresividad y la fuerza. Diríamos que es un "ajuste de cuentas entre ellos". No ocurre así con las mujeres, quienes, al delinquir, son doblemente transgresoras: de las leyes por una parte y de las normas sociales establecidas con respecto a ellas que, patriarcalmente, son definidas como pasivas, dóciles y encargadas de la guarda de las normas y costumbres. Al delinquir se convierten en "malas mujeres", descarriadas, viciosas... pecadoras.
Los sistemas penitenciarios también son sexistas en la medida en que no tienen en cuenta la situación de las mujeres presas. Esta falta de sensibilidad se esconde tras el argumento de la falta de recursos para una mujeres que suponen menos del 10% del total de la población penitenciaria. Se las relega a espacios reducidos e inadecuados, con menor acceso a actividades que el que tienen los hombres y un "tratamiento penitenciario" que no las cualifica para lograr la inserción social una vez fuera de prisión.
Si la prisión no reinserta a los hombres, mucho menos da opciones a las mujeres. A la vista de las actividades de ocio y formación desarrolladas en prisión (peluquería, corte y confección, cursos de maternidad...) pareciera que el tratamiento penitenciario para las mujeres está pensando más en su "re-feminización", en que "encajen" en la definición tradicional de mujer, que en dotarles de oportunidades para la vida autónoma en libertad.
En el Estado español, es destacable el alto porcentaje de mujeres encarceladas, uno de los ratios más elevados de Europa occidental y que ha experimentado importante aumento en los últimos años. Ello se explica parcialmente por la criminalización y discriminación respecto a la población extranjera. Un elevado porcentaje de las mujeres presas son extranjeras encarceladas por tráfico de drogas. Y aquí viene el elemento xenófobo e hipócrita: se encarcela a mujeres que transportan una droga que es demandada y consumida por los países llamados "desarrollados".
Por otra parte, lo que hace al sistema penitenciario español especialmente discriminatorio es que, además, se articula con un sistema de bienestar social prácticamente inexistente, donde la familia (es decir, las mujeres) es el centro de la provisión de recursos y cuidados, una dedicación que no cuenta con el debido reconocimiento social, ni es pagado.
No puede entenderse la prisión si no analizamos el modelo de Estado de bienestar (o malestar) actual. No en vano, los países nórdicos son quienes tienen unos índices de encarcelamiento de mujeres más bajos.
El impacto de la llamada "crisis"
Eso que han llamado "crisis" está lleno de paradojas y contradicciones en muchos sentidos. En el caso de las cárceles, ha provocado una disminución en el número de personas presas, ya que se han puesto en marcha medidas alternativas a la prisión contempladas en la legislación. Y no es de extrañar, dada la espectacular proporción de presos y presas por habitante en el Estado español, manteniendo un sistema que no era capaz de acabar con el hacinamiento en las cárceles, con el altísimo coste económico que esto supone.
Sin embargo, al reducir drásticamente el apoyo económico de las administraciones a las asociaciones que acompañan y ayudan a personas presas, facilitando medidas alternativas a la prisión, las posibilidades de salir son menores y las opciones de una "reinserción", casi inexistentes.
La crisis no puede tapar de nuevo las opciones políticas que hay de fondo. Tenemos que decidir si queremos apostar por un Estado de bienestar o por un Estado penal, esto es, si vamos a invertir en castigo (con más y mejores cárceles) o en educación, salud y democracia. Volver al viejo lema: "Abrid escuelas y no tendréis que abrir cárceles" y, al mismo tiempo, abordar los conflictos sociales de la manera menos agresiva posible.
¿Qué se puede hacer?
Como feminista en la academia, mi trabajo va dirigido a impulsar los estudios e investigaciones sobre mujeres presas, como forma de dar visibilidad a las situaciones que viven y sus luchas diarias. Y también sus logros, porque es de justicia reconocer los esfuerzos cotidianos que muchas de estas mujeres hacen para salir adelante.
Creo firmemente que en un análisis certero de la realidad nos jugamos esta lucha. Uno de los dramas actuales es que estamos aceptando como buenos argumentos que no son reales, tales como que vivimos en una sociedad que castiga poco.
En esta línea, se han de articular análisis con perspectiva de género, para que sean adoptados por todos los agentes implicados, tanto la clase política como el personal de prisiones o los servicios sociales, dentro y fuera de prisión.
No es justo que se siga estigmatizando a unas mujeres que, en su mayoría, han carecido de los recursos sociales necesarios para vivir dignamente. Eso requiere una revisión del modelo social de "mujer" que se ha construido y de las oportunidades sociales que existen para las mismas.
Se me ocurren mil cosas más para hacer, pero la más urgente -y que respaldan numerosas expertas en la materia- es la despenalización urgente de delitos que no son graves y no han dañado a nadie. La desproporción entre el daño causado y la pena impuesta (y realmente cumplida) es muy alta. Y el coste social, personal y emocional es dramático.
(*) Estíbaliz de Miguel Calvo es trabajadora y educadora social. Doctora en Sociología con la tesis "Relaciones amorosas de pareja en las trayectorias vitales de las mujeres encarceladas". Coímpulsora de la Red "Sin Rejas" para la investigación de Mujeres y Cárceles (http://redmujeresycarceles.blogspot.com.es/), que pretende crear un corpus académico de estudio de las mujeres encarceladas, a uno y otro lado del Atlántico. Directora de la Pastoral Penitenciaria de Bilbao entre 2003 y 2007, ha sido visitadora de prisiones durante más de diez años.
FUENTE: ALANDAR
Mujer condenada en la cárcel de Santiago de Chile |
Son sexistas porque están concebidos para reaccionar ante delitos cometidos por hombres. El delito reafirma la masculinidad porque está relacionado con la acción, la agresividad y la fuerza. Diríamos que es un "ajuste de cuentas entre ellos". No ocurre así con las mujeres, quienes, al delinquir, son doblemente transgresoras: de las leyes por una parte y de las normas sociales establecidas con respecto a ellas que, patriarcalmente, son definidas como pasivas, dóciles y encargadas de la guarda de las normas y costumbres. Al delinquir se convierten en "malas mujeres", descarriadas, viciosas... pecadoras.
Los sistemas penitenciarios también son sexistas en la medida en que no tienen en cuenta la situación de las mujeres presas. Esta falta de sensibilidad se esconde tras el argumento de la falta de recursos para una mujeres que suponen menos del 10% del total de la población penitenciaria. Se las relega a espacios reducidos e inadecuados, con menor acceso a actividades que el que tienen los hombres y un "tratamiento penitenciario" que no las cualifica para lograr la inserción social una vez fuera de prisión.
Si la prisión no reinserta a los hombres, mucho menos da opciones a las mujeres. A la vista de las actividades de ocio y formación desarrolladas en prisión (peluquería, corte y confección, cursos de maternidad...) pareciera que el tratamiento penitenciario para las mujeres está pensando más en su "re-feminización", en que "encajen" en la definición tradicional de mujer, que en dotarles de oportunidades para la vida autónoma en libertad.
En el Estado español, es destacable el alto porcentaje de mujeres encarceladas, uno de los ratios más elevados de Europa occidental y que ha experimentado importante aumento en los últimos años. Ello se explica parcialmente por la criminalización y discriminación respecto a la población extranjera. Un elevado porcentaje de las mujeres presas son extranjeras encarceladas por tráfico de drogas. Y aquí viene el elemento xenófobo e hipócrita: se encarcela a mujeres que transportan una droga que es demandada y consumida por los países llamados "desarrollados".
Por otra parte, lo que hace al sistema penitenciario español especialmente discriminatorio es que, además, se articula con un sistema de bienestar social prácticamente inexistente, donde la familia (es decir, las mujeres) es el centro de la provisión de recursos y cuidados, una dedicación que no cuenta con el debido reconocimiento social, ni es pagado.
No puede entenderse la prisión si no analizamos el modelo de Estado de bienestar (o malestar) actual. No en vano, los países nórdicos son quienes tienen unos índices de encarcelamiento de mujeres más bajos.
El impacto de la llamada "crisis"
Las mujeres, al delinquir, son doblemente transgrsoras. |
Eso que han llamado "crisis" está lleno de paradojas y contradicciones en muchos sentidos. En el caso de las cárceles, ha provocado una disminución en el número de personas presas, ya que se han puesto en marcha medidas alternativas a la prisión contempladas en la legislación. Y no es de extrañar, dada la espectacular proporción de presos y presas por habitante en el Estado español, manteniendo un sistema que no era capaz de acabar con el hacinamiento en las cárceles, con el altísimo coste económico que esto supone.
Sin embargo, al reducir drásticamente el apoyo económico de las administraciones a las asociaciones que acompañan y ayudan a personas presas, facilitando medidas alternativas a la prisión, las posibilidades de salir son menores y las opciones de una "reinserción", casi inexistentes.
La crisis no puede tapar de nuevo las opciones políticas que hay de fondo. Tenemos que decidir si queremos apostar por un Estado de bienestar o por un Estado penal, esto es, si vamos a invertir en castigo (con más y mejores cárceles) o en educación, salud y democracia. Volver al viejo lema: "Abrid escuelas y no tendréis que abrir cárceles" y, al mismo tiempo, abordar los conflictos sociales de la manera menos agresiva posible.
¿Qué se puede hacer?
Como feminista en la academia, mi trabajo va dirigido a impulsar los estudios e investigaciones sobre mujeres presas, como forma de dar visibilidad a las situaciones que viven y sus luchas diarias. Y también sus logros, porque es de justicia reconocer los esfuerzos cotidianos que muchas de estas mujeres hacen para salir adelante.
Creo firmemente que en un análisis certero de la realidad nos jugamos esta lucha. Uno de los dramas actuales es que estamos aceptando como buenos argumentos que no son reales, tales como que vivimos en una sociedad que castiga poco.
En esta línea, se han de articular análisis con perspectiva de género, para que sean adoptados por todos los agentes implicados, tanto la clase política como el personal de prisiones o los servicios sociales, dentro y fuera de prisión.
No es justo que se siga estigmatizando a unas mujeres que, en su mayoría, han carecido de los recursos sociales necesarios para vivir dignamente. Eso requiere una revisión del modelo social de "mujer" que se ha construido y de las oportunidades sociales que existen para las mismas.
Se me ocurren mil cosas más para hacer, pero la más urgente -y que respaldan numerosas expertas en la materia- es la despenalización urgente de delitos que no son graves y no han dañado a nadie. La desproporción entre el daño causado y la pena impuesta (y realmente cumplida) es muy alta. Y el coste social, personal y emocional es dramático.
(*) Estíbaliz de Miguel Calvo es trabajadora y educadora social. Doctora en Sociología con la tesis "Relaciones amorosas de pareja en las trayectorias vitales de las mujeres encarceladas". Coímpulsora de la Red "Sin Rejas" para la investigación de Mujeres y Cárceles (http://redmujeresycarceles.blogspot.com.es/), que pretende crear un corpus académico de estudio de las mujeres encarceladas, a uno y otro lado del Atlántico. Directora de la Pastoral Penitenciaria de Bilbao entre 2003 y 2007, ha sido visitadora de prisiones durante más de diez años.
FUENTE: ALANDAR
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