Por Plataforma CEDAW SOMBRA España
A pesar de que aún no ha entrado en vigor, la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo planteada por el Gobierno supondría un serio retroceso respecto de la actual ley. Especialmente preocupante es el establecimiento de supuestos muy restrictivos, el carácter subjetivo a la hora de autorizar o no el aborto y la eliminación del supuesto de malformación.
Derechos humanos y cooperación internacional, la igualdad como retórica
Los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el caso de los grupos especialmente vulnerables, no se están cumpliendo en nuestro país según informa el texto. No se han establecido medidas especiales para evitar la discriminación de mujeres con discapacidad, de etnia gitana o inmigrantes, pese a que en el último informe de Comité de la CEDAW para España recomendaba el desarrollo de investigaciones sobre sus necesidades específicas.
Fuera de nuestras fronteras también se evidencia el retroceso e incumplimiento de los compromisos de cooperación al desarrollo y género. En el último año el esfuerzo presupuestario y en recursos antes dedicados a la cooperación internacional se ha puesto en fomentar la internacionalización de la empresa española a través de la marca España, sin tener en cuenta que ésta promueve un enfoque utilitarista de las mujeres. Ellas tienen que contribuir al desarrollo económico, pero sin embargo no se menciona nada sobre el respeto a sus derechos.
FUENTE: MUJERES EN RED
El Informe Sombra, que ha sido presentado en todo el Estado, será defendido ante el Comité de la CEDAW del 10 al 14 de noviembre de 2014, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en una sesión previa que tendrá lugar en julio de 2015 en la sede central de Naciones Unidas. Es allí donde el Comité de la CEDAW evaluará la aplicación de la Convención por parte del Estado español estableciendo las recomendaciones correspondientes para la mejora de la situación para la eliminación de las discriminaciones contra las mujeres.
RESUMEN
La Plataforma CEDAW Sombra España, compuesta por 50 organizaciones de mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos de todo el Estado, ha presentado un informe ante la ONU, refrendado por más de 260 organizaciones y colectivos de la sociedad civil en el que se evalúa la equidad de género en España.
Este informe responde al proceso de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979 y ratificada por 187 países, entre ellos España que lo hizo en 1984. La ratificación de esta convención compromete a nuestro país a crear y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres tomando las medidas necesarias a todos los niveles del Estado. Asimismo, entre las obligaciones del Estado figuran la de informar sobre la aplicación de los artículos de la Convención mediante un informe cuatrienal que es presentado ante el Comité de la CEDAW, el mismo organismo que emitió el pasado julio la histórica condena a España por no haber protegido a una víctima de violencia de género ni a su hija en un caso que terminó con el asesinato de la menor.
El gobierno español presentó el informe gubernamental (2008-2013) ante la ONU en septiembre de 2013. A su vez, el Comité de la CEDAW interpela a la sociedad civil de los Estados para que elabore sus propios informes (conocidos como Informe Sombra) con el fin de mejorar el conocimiento y comprensión de la realidad en materia de igualdad más allá de la visión gubernamental.
Tras meses de trabajo, más de 260 organizaciones aportan su evaluación. EL INFORME SOMBRA de la Plataforma CEDAW Sombra España evidencia que, lejos de cumplir con la Convención, el Estado español está llevando a cabo un progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad.
Violencia de género y trata, políticas desarticuladas
En términos de violencia de género y trata, el informe denuncia la persistencia de discriminación y carencia de medios en la lucha contra toda clase de violencia de género.
El Estado español únicamente considera violencia de género a la que se ejerce en el ámbito de la pareja o ex pareja, ignorando otros tipos de violencia como la violencia sexual, los asesinatos contra mujeres fuera del ámbito de la pareja o prácticas perjudiciales como la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso.
Igualmente el informe señala que no existe un acuerdo político que garantice realmente un estándar mínimo de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención a las víctimas de violencia de género, lo que se ha traducido en una disminución de la calidad y los servicios.
En ámbitos tradicionalmente masculinos como el judicial y el policial persisten los estereotipos de género asociados a violencia contra las mujeres o niñas; hasta el punto de que si las víctimas no son capaces de aportar las pruebas necesarias los casos son sobreseídos sin investigación de oficio.
- En 2012 la inversión en campañas de reclutamiento del ejército duplicó a la dedicada en campañas de prevención de Violencia de Género.
- Desde 2005 hasta 2012 los sobreseimientos provisionales en casos de violencia de género han crecido un 158%.
- De 2009 a 2014 se ha reducido un 23% el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género.
Al contrario, el abordaje de las cuestiones de trata se hace desde una visión de política migratoria y de seguridad del estado. No hay un reconocimiento específico del estatuto formal de víctima de trata, ni se aplica el principio internacional de no devolución.
Educación, discriminación desde la escuela
Según el Informe Sombra de la Plataforma, en la nueva ley de educación (LOMCE) no se hace ninguna mención al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres e incumple varias de las recomendaciones que ya le hizo el Comité de la CEDAW a España en su evaluación anterior: no se está cumpliendo la recomendación 18 del informe del Comité de implantar programas específicos sobre igualdad de género en el sistema educativo, así como la capacitación del profesorado en esta materia. Aún más, la LOMCE justifica que no es discriminatorio segregar por sexos, y se constata que este tipo de centros reciben financiación pública.
La reducción de ayudas, de becas escolares y de comedor redunda en más carga de trabajo para las mujeres, algo que se incrementa con la eliminación del Plan Educa 3 de educación entre 0-3 años.
- En 2012 sólo existían plazas públicas o privadas para cubrir a 3 de cada 10 niños/as menores de 3 años.
- Las mujeres científicas, creadoras o protagonistas de la historia apenas aparecen mencionadas en un 7,5% en la totalidad de las asignaturas del currículum oficial.
La brecha va en aumento: discriminación en el empleo y en los derechos económicos
El Informe Sombra denuncia que el deterioro del mercado de trabajo ha incidido mucho más en las mujeres: tienen mayor participación en la economía informal, salarios más bajos y mayores lagunas a lo largo de su vida laboral. Es más, las medidas para fomentar el empleo en plena crisis económica han sido dirigidas principalmente a sectores masculinizados como la construcción, a pesar de que el porcentaje de desempleo femenino es mayor.
- La tasa de empleo femenina en 2012 no llegó al 39%, 10 puntos por debajo de la masculina. Entre 2008 y 2013 el desempleo femenino se duplicó pasando del 13 al 27%. El 72,5% de las personas con contrato a tiempo parcial son mujeres.
- En 2010 éramos el 4º país europeo con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral (tras Luxemburgo, Malta y Chipre) y dedicamos al hogar unas 4,29 horas diarias por las 2,32 horas que le dedican los hombres.
¿Un gobierno comprometido con la igualdad?
El texto denuncia que las políticas y los organismos encargados de velar por la igualdad se han recortado a la mitad en estos últimos cuatro años. El organismo estatal para la igualdad ha bajado 3 rangos: de ministerio a dirección general y ha estado casi dos años sin un Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- El presupuesto del Estado para igualdad ha sido recortado en un 49% y el de las Comunidades Autónomas un 32% de media.
Falta de compromiso con los derechos sexuales y reproductivos y vulneraciones del derecho a la salud
Las últimas reformas del sistema sanitario aumentan la inequidad en el acceso al derecho a la salud para las mujeres. Asimismo, grupos más vulnerables como las mujeres inmigrantes y las víctimas de violencia de género ven aumentada su vulnerabilidad. Con la reducción de la asistencia, se limita de manera notable para las mujeres españolas, y se elimina para las mujeres inmigrantes, el principal punto de detección de violencia de género, que es la atención primaria.
El copago sanitario afecta especialmente a las mujeres mayores, quienes además presentan una mayor incidencia que los hombres de patologías crónicas que requieren tratamiento.
- La retirada de la financiación de 8 anticonceptivos de última generación afecta 1 millón de mujeres. 6 CCAA no financian la píldora postcoital.
Derechos humanos y cooperación internacional, la igualdad como retórica
Los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el caso de los grupos especialmente vulnerables, no se están cumpliendo en nuestro país según informa el texto. No se han establecido medidas especiales para evitar la discriminación de mujeres con discapacidad, de etnia gitana o inmigrantes, pese a que en el último informe de Comité de la CEDAW para España recomendaba el desarrollo de investigaciones sobre sus necesidades específicas.
Fuera de nuestras fronteras también se evidencia el retroceso e incumplimiento de los compromisos de cooperación al desarrollo y género. En el último año el esfuerzo presupuestario y en recursos antes dedicados a la cooperación internacional se ha puesto en fomentar la internacionalización de la empresa española a través de la marca España, sin tener en cuenta que ésta promueve un enfoque utilitarista de las mujeres. Ellas tienen que contribuir al desarrollo económico, pero sin embargo no se menciona nada sobre el respeto a sus derechos.
- El Estado ha incumplido el compromiso de destinar el 15% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a programas de género y salud sexual y reproductiva. En 2011 apenas llegaba al 3%.
FUENTE: MUJERES EN RED
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